Proteger el entorno sale barato

 Bruselas pide que se apliquen mejor las normas medioambientales para reducir costes

PAULA SENDÍN RODRÍGUEZ

 Bruselas (07/03/12).- Unos 50.000 millones de euros. Esto es lo que les cuesta a la Unión el incumplimiento de las normativas europeas medioambientales, según cálculos del Ejecutivo Comunitario. Por ello, Bruselas ha propuesto hoy a los Veintisiete una serie de medidas para una mejora de la aplicación legislativa en la materia.

En torno a 200 textos legislativos protegen el medio ambiente en la UE. Sin embargo, muchas veces “no se aplican correctamente”, ha lamentado hoy Janez Potocnik, comisario europeo de Medio Ambiente. Estas infracciones “no sólo perjudican al medio ambiente, sino también a la salud humana, generan incertidumbre para la industria y van en detrimento del mercado único”. En su opinión, “son gastos que no nos podemos permitir”.

 

Para hacer frente a este fenómeno, la Comisión Europa ha presentado hoy una comunicación con ideas para intensificar el diálogo entre los Gobiernos y todas las demás partes implicadas para mejorar la aplicación del derecho comunitario, según ha explicado en un comunicado.

 Uno de los puntos más destacados de las recomendaciones es la mejora de la recopilación e intercambio de la información, ya que “los esfuerzos de vigilancia son desiguales en el  conjunto de Europa y la información generada puede ser dispersa y obsoleta”.

 Según la Comisión, esto permitirá detectar los problemas medioambientales graves más tempranamente, lo que permitirá ahorrar gastos a largo plazo.

 En concreto, la comunicación indica medidas para ayudar a los Estados miembros a difundir conocimientos en la materia, a través de una mayor sensibilización con el medio ambiente. Desde Bruselas, reiteran que el cumplimiento del Derecho es una tarea compartida con las autoridades nacionales, regionales y locales.

 Además, se preocupa por la creación de empleo. En este sentido, ha subrayado que la plena aplicación del Derecho de la UE en materia de residuos podría generar unos 400.000 nuevos empleos, con un coste de 72.000 millones menos a los que se invierten actualmente.

 Para Bruselas, las inspecciones también pueden mejorarse. En este sentido, aboga por una vigilancia de mayor calidad y un replanteamiento de los criterios que los Estados miembros deben atender para tratar las denuncias de los ciudadanos. Defiende, además, un mayor acceso a la justicia en materia de medio ambiente y el apoyo a las redes europeas de profesionales del sector.

 La comunicación se presentará al Parlamento Europeo, a los Estados miembros, a sus ciudadanos y a todos los interesados en el ámbito de la aplicación y cumplimiento de la legislación. El resultado de los debates entre las tres instituciones de la UE preparará el terreno para el séptimo programa de acción en materia de medio ambiente.

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