La legislación y las políticas son responsables de impulsar el desperdicio de alimento. Sin embargo, también pueden actuar como marcos de apoyo para la prevención y reducción del mismo.
El desperdicio de alimentos es un ámbito político relativamente nuevo. Está siendo reconocido como un problema global y ha ascendido en la agenda pública y política en los últimos 10 años. En respuesta al informe de la FAO de 2011 sobre las escandalosas cantidades de pérdida y desperdicio de alimentos en todo el mundo, la UE se comprometió a abordar el problema. El desperdicio de alimentos se mencionó explícitamente por primera vez en 2011 con la adopción de la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos. Sin embargo, poco se logró en los años siguientes. No se aplicaron políticas jurídicamente vinculantes centradas en el desperdicio de alimentos y las que existían no estaban alineadas entre los Estados miembros. En 2016, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) publicó una evaluación del papel de la UE en el desperdicio de alimentos. Su informe concluyó que las medidas adoptadas hasta la fecha eran fragmentarias e intermitentes. Decidir un plan de acción a gran escala es complicado, ya que los problemas varían de un país a otro, de una estación a otra y a lo largo de la cadena alimentaria. No existía una definición común del desperdicio de alimentos ni una base de referencia acordada de los objetivos de reducción de residuos. La conclusión es que la UE no está luchando eficazmente contra el desperdicio de alimentos.
Visto el problema, ¿qué soluciones políticas se están proponiendo?
La UE se ha comprometido con el Objetivo 12.3 de los ODS de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en el comercio minorista y entre los consumidores para 2030 y reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro.
El 11 de diciembre de 2019 se presentó el Pacto Verde Europeo. El objetivo es hacer que Europa sea "climáticamente neutra" para 2050, impulsando la economía a través de la tecnología verde, creando una industria y un transporte sostenibles y reduciendo la contaminación. Una de las estrategias estrella en el ámbito alimentario, es la "de la granja a la mesa", en la que la UE afirma que intensificará su actuación para evitar la pérdida y el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena de valor alimentaria. A través de esta estrategia, la Comisión propondrá objetivos jurídicamente vinculantes de reducción del desperdicio de alimentos para 2023. Además, la Comisión se compromete a revisar las normas de la UE sobre las fechas de caducidad y de consumo preferente y también se investigarán las pérdidas de alimentos en la fase de producción.
En 2016, la Comisión Europea lanzó la Plataforma de la UE sobre Pérdidas y Desperdicio de Alimentos, un foro único que reúne a actores clave que representan intereses públicos y privados, desde la granja hasta la mesa, hacia el Objetivo 12.3 de los ODS. Desde la plataforma se han lanzado diversas recomendaciones para ayudar a acelerar el progreso hacia los objetivos de reducción de pérdida y desperdicio de alimentos. Estas incluían metodologías de medición del desperdicio de alimentos, directrices para la donación de alimentos y un mejor uso del etiquetado, en cuanto a las fechas de caducidad y consumo preferente, las cuales fueron revisadas en 2021-2022.
El 3 de mayo de 2019, la Comisión adoptó una metodología común de la UE para medir el desperdicio de alimentos que entró en vigor en octubre de 2019. Se basa en una definición común de desperdicio de alimentos. Esto garantizará niveles de seguimiento coherentes en toda la UE. Los miembros comenzaron a recopilar datos sobre el desperdicio de alimentos a partir de 2020 y hacerlos públicos de forma periódica.
Antes de 2017 había muchos obstáculos a la redistribución de alimentos en el marco normativo de la UE (por ejemplo, seguridad alimentaria, etiquetado, IVA). Facilitar la donación de alimentos es actualmente un área de trabajo prioritaria en la UE. Cuando se generan excedentes alimentarios seguros y aptos para el consumo humano, el destino preferente es ponerlos a disposición de las personas en situación de exclusión social o vulnerabilidad. En 2018, la Comisión Europea también adoptó directrices de la UE para permitir que los alimentos que no son aptos para el consumo humano (por ejemplo, pan sin vender, galletas rotas), se utilicen como alimento para animales cuando sea seguro hacerlo.
Creemos que poco a poco la UE está dando pasos para hacer frente al desperdicio de alimentos a nivel legislativo y apoyando diversos proyectos e iniciativas. No obstante, vemos que algunos países van más avanzados que otros. Por ejemplo, Francia e Italia ya han adoptado medidas legales contra el desperdicio de alimentos.
En 2016, Francia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir a los supermercados tirar o destruir alimentos comestibles no vendidos. En su lugar, los supermercados están obligados a donarlos a organizaciones benéficas y bancos de alimentos. La ley de supermercados forma parte de un conjunto más amplio de propuestas que establecen una política nacional contra el desperdicio de alimentos. Las principales características de la ley son:
clarificar la jerarquía de residuos en el caso del desperdicio de alimentos;
introducir multas en caso de que los explotadores de empresas conviertan voluntariamente en no comestibles alimentos seguros;
introducir la obligación de que los supermercados firmen un acuerdo con organizaciones sin ánimo de lucro para donar alimentos que de otro modo se desperdiciarían.
Sin embargo, como ha expresado el Tribunal de Cuentas Europeo, la ley francesa no establece la proporción de alimentos que deben donarse. Así, si el supermercado firma un acuerdo para donar sólo el 1% de los alimentos que no vende, está cumpliendo la ley.
Según el Ministerio de Agricultura y Alimentación francés, desde la entrada en vigor de la ley los resultados han sido positivos y el número de comidas distribuidas a las personas con menos recursos económicos ha aumentado considerablemente. Sin embargo, la ley ha sido criticada por aumentar la implicación de las organizaciones benéficas sin tener en cuenta la mayor presión a la que se ven sometidas sus operaciones de redistribución (infraestructuras, transporte y logística) como consecuencia de ello.
En 2016 también, Italia siguió el ejemplo de Francia, con la llamada "Ley Gadda". A diferencia de las leyes francesas, que imponen la "obligación de donar", la ley italiana se centra en la simplificación y los incentivos para facilitar que las empresas y los agricultores donen alimentos. También fomenta el uso de "bolsas para llevar" en los restaurantes para que los clientes puedan llevarse a casa las sobras. Al flexibilizar la normativa para facilitar la donación de alimentos, las empresas no se enfrentarán a sanciones si regalan alimentos caducados y pagarán menos impuestos cuanto más regalen. Los agricultores también podrán donar los productos no vendidos a organizaciones benéficas sin incurrir en gastos.
La ley también establece una definición de excedentes alimentarios, desperdicio de alimentos y una jerarquía para el uso de los excedentes alimentarios. Reconoce la importancia de un enfoque integrado que aborde el desperdicio alimentario en toda la cadena de suministro, establece acciones para aumentar la concienciación de los consumidores y crea un fondo para proyectos contra el desperdicio alimentario y de recuperación.
Hay otros países que también han aprobado acuerdos voluntarios, como Reino Unido a través del Compromiso Courtauld 2025, en el que participan los principales supermercados y fabricantes de alimentos del Reino Unido. Comenzó en 2005 y, al adherirse a la iniciativa, las empresas se comprometen a tomar medidas que contribuyan a los objetivos generales del compromiso de reducir los envases y los residuos alimentarios. Asimismo, en Dinamarca, Alemania o Bélgica han nacido múltiples iniciativas de carácter social para reducir el desperdicio alimentario, al igual que en nuestro país.
Situación en nuestro país
A nivel legislativo en nuestro país, solo es destacable la Ley 3/2020, de 11 de marzo, de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios en Cataluña, ya que el Proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario en el que estuvimos trabajando en la pasada legislatura se aprobó en el Congreso, pero no llegó a hacerlo en el Senado. La ley tenía un objetivo claro: lograr una reducción del 50 por ciento de los residuos alimentarios per cápita en el plano de la venta minorista y del consumo y una reducción del 20 por ciento de las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro para 2030. Esta ley tenía, sin embargo, sus lagunas, ya que primaba la donación a la prevención, entre otras demandas.
Tendremos que esperar a la formación del nuevo gobierno para ver si la gran oportunidad que teníamos de aprobar una de las pocas leyes que ha tenido cierto consenso político y social en España se desaprovecha del todo o se reinicia como una nueva oportunidad para introducir la ambición requerida, más alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En cualquier caso, en absoluto se ha perdido el tiempo. Todo este proceso legislativo ha provocado un movimiento y una concienciación muy profunda en diversos sectores, incluidos distribuidores y fabricantes en torno a cómo evitar y gestionar sus excedentes.
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