Restauración colectiva y economía circular: Un reto a superar

Restauración colectiva y economía circular: Un reto a superar
Restauración colectiva y economía circular: Un reto a superar

Artículo escrito por Alba Pacheco Riveiro, Graduada en Ciencias Ambientales.

Desde la Revolución Industrial, el modelo económico que ha sustentado el crecimiento de nuestra sociedad y del sistema de bienestar que actualmente tenemos se ha basado en el uso de los distintos recursos ambientales para su transformación dentro de la cadena de producción e incorporación a la cadena de suministro y consumo, tras lo cual se convierten en residuos cuyo destino son los vertederos. Este modelo de producción y consumo recibe el nombre de economía lineal.

Al uso de una economía lineal van unidos numerosos problemas ambientales: emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera derivadas del uso indiscriminado de combustibles fósiles, uso insostenible de los recursos renovables por encima de sus tasas de renovación, entre los que destacan el agua, el suelo y los bosques, con la consiguiente pérdida o transformación de ecosistemas y de biodiversidad, necesidad de generar más y más vertederos donde acumular los residuos que no vamos a tratar, vertidos contaminantes procedentes de la acumulación de los residuos, etc.

La industria agroalimentaria es una de las que más impacto genera a nivel global en el medio ambiente. Al igual que sucede con el resto de industrias desde la Revolución Industrial, la industria agroalimentaria ha sufrido cambios para hacerla más productiva, lo cual ha provocado que sea también más contaminante y que genere un mayor impacto sobre el medio ambiente.

Además, hay que tener en cuenta que, según datos publicados por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) en su Proyecto “Más alimento menos desperdicio”, basados en estudios de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) y de la Comisión Europea, un tercio de la producción mundial de alimentos se pierde o desperdicia en algún punto de la cadena de abastecimiento.

Esta pérdida de alimentos supone una importante pérdida de capital económico, que asciende a 728 billones de euros al año. Pero, dado el impacto que supone la producción de estos alimentos en el medio ambiente, su desperdicio afecta a este sistema de lleno. Así, actualmente el 28% de la superficie agrícola mundial (1,4 millones de hectáreas) es utilizada para producir ese tercio de alimentos que finalmente se pierden o se desperdician, al mismo tiempo que el volumen de agua utilizado cada año para producirlos alcanza los 250 km^3 (250 mil millones de litros) y provocan una emisión de 3.300 millones de toneladas de equivalentes de CO2 de gases de efecto invernadero a la atmósfera cada año.

Acerca del desperdicio alimentario, en el año 2015 la Asamblea General de la ONU redactó en el marco de la Cumbre por el Clima de París sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados para el año 2030, dentro de los cuales se incluye el objetivo número 12 “Producción y consumo responsables”, cuya meta número 3 (12.3) versa sobre lograr la reducción a la mitad del desperdicio de alimentos per cápita mundial para el año 2030.

También en el año 2015, tuvo lugar el Pacto de Milán, en el que más de 100 ciudades de todo el mundo firmaron el primer protocolo en materia alimentaria impulsado desde el ámbito municipal, hecho relevante, ya que las ciudades constituyen un ámbito de intervención de primer orden para garantizar el éxito de los ODS. Este pacto hace de nuevo mención a la necesidad de reducir los desperdicios de alimentos, dejando claro la importancia que se da a este problema.

Pero ¿por qué los alimentos que no consumimos deben ser considerados como una pérdida o un desperdicio? Si la situación es analizada desde la perspectiva de la actual economía lineal, efectivamente, todo aquello que se deposita en la basura se convierte en residuo y, por lo tanto, se considera no útil y una pérdida en términos económicos. Sin embargo, desde el punto de vista de la economía circular, lo que para un actor es considerado residuo, para otro puede ser materia útil. De este modo, el residuo no se trata como una pérdida, sino que se incluye de nuevo en el ciclo económico y se valoriza, logrando así una mayor eficiencia en el uso de los recursos.

En este sentido, a finales de ese mismo año 2015, la Comisión Europea emitió un Comunicado de Economía Circular con el objetivo de garantizar la disposición de un marco normativo adecuado en el mercado único para contribuir a acelerar la transición de Europa hacia una economía circular y promover un crecimiento sostenible.

Esta Comunicación establece un plan de acción, 54 medidas para cerrar el círculo del ciclo de vida de los productos y una propuesta legislativa en materia de residuos que incluye objetivos a largo plazo para reducir los depósitos en vertedero y aumentar la preparación para la reutilización y el reciclado de la materia, e incluye cinco sectores prioritarios para lograr esta transición a la economía circular: plásticos, residuos alimentarios, materias primas críticas, construcción y demolición, biomasa y biomateriales.

A la luz de esta Comunicación de la Comisión Europea sobre Economía Circular, en el año 2017 el por entonces Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), comenzó a desarrollar la Estrategia Española de economía circularEspaña Circular 2030”, cuyos objetivos a largo plazo se centran en el horizonte 2030, pero que cuenta con un plan de acción para el periodo 2018-2020 en el que plantea actuar en cinco líneas prioritarias: producción, consumo, gestión de residuos, materias primas secundarias (plásticos, residuos alimentarios, residuos de construcción y demolición, materias primar críticas, biomasa y bioproductos) y reutilización del agua.

Esta Estrategia hace hincapié en otro dato relevante que ya fue señalado en la Comunicación de la Comisión Europea, y es el hecho de que la contratación pública representa una parte importante del consumo (el 20% del PIB de la Unión Europea), por lo que se considera una herramienta clave para lograr la transición hacia una economía circular, debiéndose fomentar la Contratación Pública Verde a través de la inclusión de criterios en los pliegos de contratación que tengan en cuenta, entre otros aspectos de sostenibilidad ambiental, aspectos relacionados con la gestión y el aprovechamiento de los residuos, así como de durabilidad o de reparabilidad de los bienes antes de considerarse residuos.

De este modo, el II Plan para la Contratación Pública Ecológica 2018-2025, aprobado en el mes de enero de este año 2019, constituye un pilar esencial para lograr una transición a una economía circular, así como para alcanzar unas buenas prácticas ambientales en las empresas, e incluye entre sus grupos de bienes, obras y servicios prioritarios a la alimentación y los servicios de restauración.

Dado que la alimentación colectiva sirve anualmente miles de millones de comidas en todo el mundo, resulta importante considerar al sector servicios entre aquellos prioritarios en materia de contratación pública ecológica. Basta con volver al análisis inicial sobre el impacto ambiental que supone la producción mundial de alimentos, agravado por el impacto que supone la pérdida de un tercio de los mismos, para darnos cuenta de que España ocupa el séptimo puesto de la Unión Europea en volumen de desperdicio alimentario, con 7,7 millones de toneladas de alimento desperdiciadas al año, de las cuales un 14% se corresponden con el Sector servicios.

Incluyendo a la alimentación y los servicios de restauración entre los servicios prioritarios en materia de contratación pública ecológica, se logra también la inclusión de sus externalidades (daños sociales y ambientales relacionados con su actividad) en el balance de las empresas, fomentando las buenas prácticas ambientales (consumo de alimentos locales, ecológicos, correcto tratamiento de los residuos, etc) y resultando  un modo de que aquellas que muestren conductas respetuosas con el medio ambiente salgan beneficiadas en las adjudicaciones de los servicios y se fomente la transición hacia una economía circular y sostenible.

La implantación de un modelo de economía circular en la alimentación colectiva supone, por lo tanto, una manera eficaz de disminuir el impacto medioambiental del sector agroalimentario, al mismo tiempo que sirve para aportar nuevos insumos a la economía procedentes de los desperdicios alimentarios valorizados, generando beneficio económico para las empresas ambientalmente responsables, y diferenciándolas.

Sin embargo, pese a las distintas estrategias y planes planteados y las exigencias europeas en materia de contratación pública de la Directiva 24/2014, el 9 de marzo del pasado año 2018 se aprobó en España la nueva Ley de Contratación Pública, en la que se continúa priorizando la oferta más beneficiosa económicamente frente a la más ventajosa (en base a criterios sociales y ambientales), lo cual no facilita la labor que tiene nuestro país como Estado Miembro de alcanzar los ODS el año 2030, así como los objetivos en materia de reducción de residuos y la transformación hacia un modelo económico sostenible de economía circular.

Es, por lo tanto, un reto que deben afrontar las Administraciones Públicas españolas, que deben cumplir, entre otras leyes nacionales y europeas en materia de contratación pública, residuos o economía circular, con el mandato del artículo 45 de la Constitución Española, que les insta a velar por el uso racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente.

La sociedad debe, de este modo, exigir una transición hacia un modelo económico que garantice nuestro bienestar como seres humanos, al mismo tiempo que garantice el bienestar del entorno que nos rodea, dejando atrás la cultura del “low cost” y del “usar y tirar”.

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