Mensa Cívica: El caballo de troya por una restauración colectiva sostenible

Mensa Cívica: El caballo de troya por una restauración colectiva sostenible
Mensa Cívica: El caballo de troya por una restauración colectiva sostenible

En el presente artículo se pretende dar a conocer la situación de la restauración colectiva en España y las iniciativas que desde Mensa Cívica se han desarrollado para intentar paliar la situación de incumplimiento por parte de las administraciones públicas de la Ley Contratos del Sector Público, la cual, por primera vez incluye como obligatorios la inclusión de criterios sociales, ambientales y de innovación en la contratación pública.

 

Mensa Cívica es una asociación sin animo de lucro que agrupa a los diferentes actores participantes en el ámbito de la restauración colectiva en España, con objeto de promover la sostenibilidad en este ámbito.

La iniciativa nace en el 2015 motivada por la evidencia de la escasa calidad y sostenibilidad de la alimentación en el sector, y el escaso interés por parte de la sociedad civil y las instituciones en la comida colectiva, la cual implica, o implicaba, dar de comer a una colectividad sin tener en cuenta las repercusiones ambientales o nutricionales que afectan a la población.

Resulta, cuánto menos curioso que, en la contratación pública, hasta la aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, primara el menor precio frente al mejor precio, es decir, aquel que tiene en cuenta los costes ocultos que se generan, tales como el análisis de ciclo de vida del producto, la huella de carbono o, finalmente, el coste sanitario global que implica dar comida de baja calidad a pacientes, escolares o estudiantes universitarios por ejemplo.

Desde la Unión Europea, se ha fijado la contratación pública como una herramienta estratégica para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la Unión Europea, tal y como se vislumbra en el Preámbulo de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, las cuales fundamentan nuestra mencionada Ley de Contratos del sector Público.

Conscientes de que la contratación pública supone un 20% del PIB europeo, se postula que estas leyes tengan la fuerza suficiente como para motivar un cambio en el sector privado, dado que son las empresas las que son las beneficiarias de los grandes y pequeños contratos públicos, por lo que si exiges determinadas condiciones ambientales, sociales y de calidad en los pliegos, sólo serán las empresas que cumplan esos criterios los que podrán acceder a la contratación, y por ende, supondrá que las que quieran acceder a la contratación modifiquen sus procesos productivos en aras de un mayor respeto al medio ambiente, a la calidad y a la coherencia productiva en última instancia.

Pues bien, tras la entrada en vigor de la mentada Ley, el 9 de marzo de 2018, la Mensa Cívica, esperanzada y alentada por los nuevos paradigmas en materia de contratación, que obviamente afectan a la ya denostada restauración colectiva, marcó como uno de sus objetivos principales hacer cumplir la Ley a las administraciones públicas, las cuales han mostrado un absoluto desconocimiento sobre la aplicación de la ley, motivada, entendemos, por la falta de formación y conocimiento de la misma, y por la falta de medios para garantizar una adecuada ejecución de los contratos.

Se han observado algunas experiencias positivas, en cuanto a incluir criterios de calidad y alimentación ecológica, por ejemplo, en la nueva Ley Foral de Contratación de Navarra se establecen criterios de calidad y ecología, si bien, son los menos.

En diciembre de 2018 se publica en la Plataforma de contratación del Estado el contrato con número de expediente C1/2018 relativo a “Servicio de comedor escolar y de atención y cuidado del alumnado en centros públicos de educación infantil y primaria y de centro de educación especial de la provincia de Zaragoza para los cursos escolares 2018/2019 y 2019/2020” con un valor de 61 millones de euros.

En tales pliegos, no se mencionó ningún criterio social, ambiental y de innovación, ni como criterio de valoración ni como condición especial de ejecución, tal y cómo exige la ley. Nada se indicó tampoco en cuanto a la inclusión de un porcentaje de comida ecológica o de proximidad. En consecuencia, se está primando, una vez más, el “menor precio” frente al “mejor precio”.

Mensa Cívica, consciente de la relevancia del contrato, inicio una estrategia de ataque judicial con la pretensión de hacer cumplir la ley por la vía judicial y, por ende, presento varios recursos especiales en materia de contratación contra los pliegos y contra la adjudicación, logrando paralizar la adjudicación.

Si bien, desde Mensa Cívica pudimos observar como el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Aragón tuvo en consideración el interés general de no aplazar la ya demorada licitación de los comedores al cumplimiento de la ley, procedimos a interponer una demanda ante la jurisdicción contenciosa-administrativa, asunto que está a la espera de sentencia.

A pesar de no conseguir una victoria inmediata, los medios, las plataformas de madres y padres de alumnos (AMPAS) y la sociedad civil, en general, han hecho eco del asunto. Este foco en la contratación pública sostenible supone un comienzo para exigir que nuestros recursos económicos sean administrados de acuerdo a criterios de bien común y no a exigencias presupuestarias cortoplacistas.

En la actualidad, la batalla continúa, y pretendemos vigilar la contratación pública relacionada con la restauración colectiva con objeto de seguir el ejemplo de Zaragoza y recurrir todos los pliegos en los que no se haga mención alguna a criterios sociales, ambientales o de innovación y no se respeten los estándares básicos de calidad alimentaria que la ciudadanía merece, valora y demanda cada vez más.

Para ello, iniciamos una campaña de micromecenazgo para poder hacer cumplir la ley y vigilar los contratos que desde la fecha se vayan publicando. En estos momentos, tenemos en revisión diferentes contratos relacionado con comedores escolares, cuyo ataque jurídico se estudiará con detenimiento.

Cierto es, que la recaudación final de 1.750,00 € solo nos permite llegar a la vía judicial frente a un contrato, si bien, por este y otros medios seguiremos intentando concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la alimentación sostenible, de calidad, ecológica y de cercanía, que fomente un desarrollo sostenible, frene la despoblación y los problemas sanitarios relacionados con la alimentación a largo plazo.

En conclusión, nuestras pretensiones en este caso, no suponen la modificación de una ley o la concreción de la misma, sino simplemente hacer cumplir una ley, que por primera vez daba visos de esperanza a la sostenibilidad en la restauración colectiva, objeto principal de la Mensa Cívica.

 

Nota: Este artículo figura originalmente en el número 36 de la revista de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) sobre «Comedores Escolares Ecológicos: un cambio hacia la agroecología«.

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