La ley de competencia: soluciones para el futuro

La ley de competencia: soluciones para el futuro
La ley de competencia: soluciones para el futuro

Recientemente, la oficina de defensa del comercio justo en Bruselas (FTAO, por sus siglas en inglés) ha publicado un informe sobre la ley de competencia y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, argumentando que la ley de competencia de la Unión Europea (UE) no puede verse de forma aislada, sino que debe aplicarse junto con otras leyes, principios y objetivos de la UE.

Pero vayamos por partes, ¿qué es la ley de competencia? La palabra «competencia» se refiere a la existencia de una condición de rivalidad en un entorno determinado. Según la teoría económica convencional, las personas y las empresas compiten por la adquisición de recursos finitos, y esta competencia genera discriminación más que cooperación en forma de precios más bajos y mayor disponibilidad de productos. Estos vínculos suponen, por tanto, una carga para los compromisos sociales y ambientales en los Tratados de la UE, dado que, por ejemplo, la ley de competencia de la UE no debería impedir un compromiso sectorial de pagar un salario digno a los pequeños productores y trabajadores del sur que cultivan nuestros productos y los venden en el mercado de la UE.

La voluntad política, la conciencia legal y el amplio apoyo son los ingredientes que faltan en la actualidad, pues la ley de competencia es potencialmente un instrumento legal de gran alcance y las definiciones estrictas apenas capturan la naturaleza multiforme de la misma. Por ello, el análisis de la ley de competencia de la UE y sus objetivos no debe separarse de los objetivos más amplios de la Unión Europea, incluso en el contexto (legal, económico, político y social) actual, en el que los mercados deben funcionar de manera que beneficie a los ciudadanos y limite la capacidad de las corporaciones para externalizar los costos al gobierno.

Igualmente, las autoridades de competencia nacionales y europeas, incluido el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, deberían abordar los casos de derecho de la competencia para resolver los problemas relacionados con las conductas anticompetitivas y otras preocupaciones de política pública. El derecho a la competencia en sí mismo es una preocupación de interés público, ya que sirve a los mercados y a la sociedad en general.

Un enfoque tradicional del sistema alimentario basado en la ley de la competencia significa comprometerse con la distribución del poder a lo largo del sistema, tanto vertical como horizontalmente, e investigar la forma en que la dinámica del mercado determina el precio, la disponibilidad, la innovación y el desarrollo, y otros aspectos, como el bienestar de los consumidores. Además, significa aceptar los límites territoriales de la ley de competencia y luchar contra la «brecha sistémica en la capacidad de los estados para abordar el comportamiento competitivo de las empresas que operan a través de las fronteras nacionales».

Por el contrario, un enfoque holístico de la ley de competencia en el sistema alimentario sería aquel que indague sobre las consecuencias que la participación en el mercado y la concentración del poder juegan a lo largo de las cadenas de valor más allá de un enfoque económico rígido. Además, significaría integrar completamente los asuntos de interés público (biodiversidad, nutrición, derechos de los trabajadores y los animales, sostenibilidad) y reconocer que no son ajenos al mercado y la competencia. Además, requeriría reflexionar sobre las implicaciones socioambientales a largo plazo de las decisiones de competencia, incluido el riesgo de fortalecer la agricultura convencional, la desaparición de la agricultura a pequeña escala, el desequilibrio de poder creado por prácticas contractuales desleales, la adopción de prácticas agroecológicas, y la emisión de gases de efecto invernadero, etc. Sin embargo, un enfoque holístico del derecho de la competencia y la cadena alimentaria no sería satisfactorio para abordar los problemas de concentración y consolidación.

Desde el punto de vista del derecho de la competencia, sin embargo, solo unos pocos autores han sugerido que el derecho de la competencia debería adoptar un enfoque holístico de las cadenas de valor y abordar el problema.

Algunos ejemplos que proporciona el informe para ilustrar la ley de competencia en la práctica son los siguientes:

El sector bananero ha estado a la vanguardia de esta discusión, durante el Foro Mundial Bananero, estableciendo un grupo de trabajo que tiene como objetivo tomar en cuenta el costo de la producción sostenible y las medidas que las partes interesadas podrían tomar colectivamente a lo largo de la cadena alimentaria para garantizar precios justos para los agricultores que están en el origen de toda la producción. Este problema es también significativo en el sector del cacao, donde muchos agricultores no reciben un salario adecuado. Conscientes de esto, muchos compradores y distribuidores de cacao están dispuestos a pagar precios más altos, manteniendo la cautela de no infringir las leyes de competencia y, por lo tanto, fomentar comportamientos positivos en el mercado.

El informe también destaca el llamado caso del «Pollo del mañana, en el que los productores holandeses de aves de corral iniciaron la negociación de un acuerdo, con el objetivo de hacer que la producción y el consumo de aves fuera más sostenibles. El acuerdo pretendía regular lo siguiente:

  • volver a normalizar las tasas de crecimiento para disminuir los problemas de salud y el uso de antibióticos
  • reducir la concentración de pollos en las instalaciones (menos pollos por m2)
  • adoptar diferentes medidas para disminuir las lesiones
  • establecer requisitos ambientales como la reducción de la huella de carbono o el uso sostenible de la energía.

El acuerdo se presentó a la Autoridad Holandesa de Consumidores y Mercados, aunque sin una investigación profunda y sofisticada capaz de demostrar que el aumento en el precio se justificaría por una mejora en las condiciones de los pollos o que los consumidores estarían dispuestos a pagar más. En su decisión, la autoridad de competencia determinó el potencial anticompetitivo de los estándares comunes y concluyó que las eficiencias creadas por este acuerdo no se reflejarán a nivel del consumidor, y no permitiría la convergencia entre competidores.

Finalmente, este informe insta a reformar el enfoque actual de la ley de competencia, considerando al consumidor como ciudadano y al medio ambiente como parte del mercado. Para ello propone diversas soluciones que pueden iniciar el cambio en esta dirección:

  • Interpretar la ley de competencia de acuerdo con los principios generales del sistema legal (leyes constitucionales, derechos fundamentales, etc.) con el fin de prevenir decisiones conflictivas de diferentes organismos públicos.
  • Extender el uso de exenciones para reconocer la aplicación del interés público y las reclamaciones constitucionales, sin reducir las responsabilidades que tienen las empresas y los estados individuales para garantizar que se respeten los límites ambientales y sociales dentro del sistema alimentario.
  • Reconsiderar el diseño institucional de las autoridades de competencia para comprender si estas instituciones son alternativas o complementarias para la economía nacional o para la democracia.
  • Existen varias organizaciones internacionales, como la OCDE, que facilitan la interacción y la comunicación entre las autoridades anti-monopolio de todo el mundo. Sería particularmente útil contar con un conjunto de experiencias para redactar directrices que detallen cómo se podrían adaptar las leyes de competencia para incluir temas de sostenibilidad sin subordinarlos a la restricción de precios al consumidor. Si bien esto es un objetivo a largo plazo, sin duda crearía una mayor comprensión sobre que qué soluciones regulatorias están disponibles en cada jurisdicción.
  • Si bien el contenido de las legislaciones es a menudo una réplica de los modelos de EE. UU o la UE, algunos países han estado a la vanguardia de una comprensión más progresiva de la ley de competencia, definida por otros intereses públicos, como el empleo, la estabilidad económica y/o la protección del ambiente. Los reguladores, los tribunales y la sociedad civil deberían prestar atención a lo que está sucediendo en otras geografías, incluso en cada estado miembro de la UE, y favorecer la creación de espacios para el diálogo y el intercambio de información y buenos ejemplos.
  • Cuando la ley de competencia no corrige la distorsión de la competitividad en un mercado dado y las soluciones interpretativas y de cumplimiento no son suficientes, puede ser posible intervenir a través de la intervención directa del gobierno.
  • Una autoridad de competencia puede (y en algunos casos lo hace) considerar aspectos no económicos, tales como los derechos humanos, el medio ambiente y el derecho a la alimentación, para priorizar un caso sobre otro.
  • Introducir leyes especiales sobre el poder de negociación superior para abordar los abusos, especialmente contra los agricultores. Esto significaría proporcionar una definición de poder de negociación y de abuso, en relación con la aplicación de esta herramienta legal específica.
  • Ser creativos en la interpretación y aplicación del derecho de la competencia. Por lo general, las autoridades de competencia intervienen para sancionar conductas que aumentan los precios o disminuyen la disponibilidad de los productos. Sin embargo, la aplicación de la ley de competencia también podría apuntar a lograr diferentes objetivos, entrecruzándose con otras áreas del derecho nacional e internacional. Por lo tanto, la ley de competencia debería tener un papel que desempeñar para abordar algunas de las prácticas insostenibles que ocurren en la cadena alimentaria, como por ejemplo, los procedimientos antidumping (sancionar a los países que no hacen cumplir las normas legales para que los productos sean más baratos de obtener); las investigaciones por precios predatorios (productos en el mercado a un precio más bajo que el costo de producción, dado que no se contabiliza el costo total de la producción) y acciones privadas contra competidores que se benefician de mecanismos de producción baratos. Un uso expansivo de la ley de competencia puede no ocurrir de inmediato, pero contribuiría a la transición hacia un mercado basado en diferentes premisas y un marco legal donde la competencia no es un fin en sí misma sino un mecanismo para lograr el interés público y objetivos más amplios.

Para leer el informe citado sobre la ley de competencia y la sostenibilidad en los sistemas alimentarios (en ingles), por favor, haz click aquí.

Suscríbase a nuestros Boletines de noticias. Lea nuestra Política de privacidad.

Suscribirse