Todos los días, las autoridades públicas necesitan comprar electricidad para iluminar los edificios, autobuses que conecten las zonas metropolitanas de la ciudad con el centro, o comidas escolares y hospitalarias. Estas acciones generan una huella de carbono significativa; por ello, las autoridades públicas deben invertir en soluciones innovadoras, sostenibles y que potencie los valores sociales,así como analizar los costes del ciclo de vida – que integra los costos económicos, sociales y ambientales de un contrato – con el fin de maximizar el valor para el comprador y minimizar el desperdicio.
De hecho, de acuerdo al proyecto SPP Regions, iniciado en 2015 en Barcelona, Bulgaria, Copenhague, La Haya, el sudoeste de Inglaterra, Turín y el oeste de Francia, si se invierten en mejoras en la distribución de alimentación y servicios de catering en instituciones públicas escolares, la adquisición de vehículos eléctricos y edificios energéticamente eficientes, se puede llegar a ahorrar alrededor de 394,000 toneladas de CO2 al año. Este ahorro a nivel ambiental demuestra que si las autoridades locales y regionales se implican en la lucha contra el cambio climático a través de adquisiciones estratégicas y cooperando con otras autoridades de su región o a nivel europeo, los resultados pueden ser extraordinarios a largo plazo.
A veces, estas grandes iniciativas van ligadas a políticas a nivel nacional, como en Hungría a través de la aprobación de su Reglamento 2015/143 que apuesta por fijar criterios sostenibles y que tengan un valor añadido, en lugar de apostar por la opción más barata. También existen iniciativas políticas a nivel local, como en la ciudad de Nijmegen, donde se ha aprobado un plan con una serie de acciones que promuevan la compra pública socialmente responsable y sostenible, con aspectos centrados principalmente en la economía circular (reutilización de materiales y reciclaje de los mismos).
Estas iniciativas demuestran que aun queda un largo camino que recorrer, pues muchos mercados todavía necesitan desarrollarse más para adaptarse a los retos a los que las ciudades se enfrentan en el futuro y los diversos intereses de los actores participantes. Asimismo, se requiere una mayor colaboración, educación e intercambio de conocimiento y experiencia, pues habitualmente las buenas prácticas se encuentran dispersas.
Afortunadamente, cada vez existen más plataformas, proyecto y redes que potencian la comunicación y replicabilidad de buenas prácticas en otras regiones o países europeos, como el proyecto de compras públicas en Turín, la red de ciudades agroecológicos, o la red europea de compras publicas sostenibles.
“La compra pública ya no es solo un procedimiento, es una herramienta para proteger el medioambiente, promover la salud de la ciudadanía, y favorecer el emprendimiento empresarial a nivel socio-económico”.
