Avanzando hacia una contratación pública sostenible y eficiente

Avanzando hacia una contratación pública sostenible y eficiente
Avanzando hacia una contratación pública sostenible y eficiente

Imagina un país donde:

  • Los niños y niñas de las escuelas puedan comer de forma saludable y sostenible;
  • Los habitantes de las ciudades puedan vivir y moverse en un entorno inclusivo, inteligente y sostenible;
  • Los edificios sean construidos con  materiales seguros e innovadores; o
  • Los pacientes puedan tener acceso a una atención medica de calidad en el que los últimos equipos médicos y herramientas de diagnóstico estén disponibles.

Para conseguir todos estos bienes y servicios públicos de alta calidad, se necesita un enfoque estratégico para los actuales procesos de contratación (pública).

Anteriormente, hemos destacados sus numerosos beneficios en términos ambientales, sociales y económicos . Por ello, la contratación publica debe ser vista no como un mero tramite administrativo, sino como una herramienta para invertir el dinero público de manera eficiente y sostenible, de forma que por ejemplo, una inversión del 10% podría generar ahorros significativos de EUR 200 mil millones por año, sin reducir el nivel del servicio ofrecido a la ciudadanía. La contratación también tiene un gran impacto en los fondos estructurales y de inversión de la Unión Europea (UE), donde casi la mitad de estos fondos se gastan a través de contratos públicos.

Las Directivas de contratación pública adoptadas en 2014 se han traspuesto muy lentamente. De hecho, existen países en la UE donde todavía no se han traspuesto total o parcialmente todos sus objetivos. Para apoyar este cambio, se requiere una fuerte implicación política en todos los niveles del gobierno y otras partes interesadas, con claros compromisos para cambiar la forma en que se lleva a cabo la contratación pública .

En los últimos años, varias iniciativas están empezando a dar sus frutos en países europeos, como en:

  • Francia, donde en marzo de 2016 se creo una Dirección de Compras del Estado para definir la política de compras del Estado y ofrecer capacitación a compradores públicos.
  • Irlanda, que en el año 2014 creó un organismo central de compras con un claro mandato de mejorar la gestión del gasto público a través del uso extensivo del mercado y otros datos de contratación.
  • Italia, donde se ha logrado un ahorro promedio del 23% mediante la creación de un sistema coordinado de identificación de necesidades y procedimientos para las compras conjuntas/cooperativas.
  • Eslovaquia, el cual ha establecido un registro de contratos que da acceso público a todos los contratos aprobados por las autoridades públicas del país, mejorando así la transparencia y permitiendo el escrutinio público.

Sin embargo, estos desarrollos positivos a menudo siguen siendo buenas prácticas aisladas y deben integrarse en un movimiento más amplio, alentando también a otros a unirse y aprender de estas experiencias. Varios indicadores muestran que hay mucho margen de mejora, pues todavía hoy el 55% de los procedimientos de compra pública usan el precio más bajo como el único criterio de adjudicación. Igualmente, no existe un consenso en toda la UE sobre qué datos deben recopilarse y con qué fin para evaluar los (complejos) procesos y gastos de contratación a nivel regional o nacional, a pesar de las enormes cantidades de dinero involucradas.

El pasado mes de febrero el Comité Económico y Social Europeo (CESE) aprobó el nuevo paquete de contratación pública, el cual contiene cuatro líneas principales:

  1. Desarrollar un enfoque estratégico para las políticas de contratación, sobre todo en ciertos sectores prioritarios, centrándose en seis áreas principales, entre las que se encuentran:
    • El aumento de la participación de las empresas sociales y las PYMES en los mercados de contratación pública dado que aún existen muchos obstáculos para su plena participación, pese a las medidas incluidas en las Directivas de 2014;
    • El establecimiento de registros de contratos accesibles al público, con el fin de favorecer una mayor transparencia e integridad, y una mejora de los datos recogidos. La fiabilidad de los datos es esencial para preparar las respuestas políticas apropiadas y abordar la corrupción en los procesos de contratación pública. Los sistemas de compras electrónicos deben producir datos de buena calidad, pero, lo que es más importante, los responsables de las políticas deben usar estos datos y compartirlos con otras partes interesadas.
    • La colaboración  de las autoridades contratantes a nivel transfronterizo. Rara vez, las autoridades contratantes  compran juntas, ya que solo el 11% de los procedimientos se llevan a cabo mediante contrataciones cooperativas. Comprar de forma conjunta a menudo conduce a mejores precios y también ofrece la oportunidad de intercambiar conocimientos y obtener una mejor calidad. Varios Estados de la UE ya han comenzado a desarrollar un enfoque estratégico de las políticas de compras, al mismo tiempo que se llevan iniciativas locales prometedoras.
  1. Establecer un mecanismo ex ante para grandes proyectos de infraestructura (con un valor superior a 250 millones de euros) para el cual se establecerá un servicio de asistencia técnica a las autoridades nacionales, regionales y locales de los Estados Miembros.
  2. Llevar a cabo una profesionalización de las administraciones y los compradores públicos para garantizar que tengan las habilidades comerciales, los conocimientos técnicos y la comprensión de procedimientos necesarios para cumplir las normas, y garantizar altos niveles de innovación, responsabilidad social, sostenibilidad y la mejor relación calidad-precio.
  3. Impulsar la innovación a través de la compra de bienes y serviciospara simplificar y acelerar los procedimientos de contratación pública. De acuerdo a las directivas de contratación, la presentación electrónica de las ofertas será obligatoria en octubre de 2018. Sin embargo, todos los beneficios de la contratación electrónica solo serán efectivos si todo el proceso de contratación pública (desde la planificación, notificación y envío hasta la facturación, el pago y el archivo) se somete a la transformación digital. En el año 2016 (fecha de transposición de la Directiva) solo cuatro países de la Unión Europea adoptaron herramientas digitales para todos los pasos principales del proceso de contratación.

El CESE también destaco la necesidad de promover la calidad y la innovación en la contratación pública; incluir aspectos ambientales y sociales; y hacer que las compras públicas sean más inteligentes y eficientes mediante el uso de la “oferta económicamente más ventajosa” como criterio de selección, con el fin de abordar los desafíos mundiales, como el cambio climático, la escasez de recursos, la desigualdad y el envejecimiento de la sociedad. De igual manera, el CESE considera que hubiera sido preferible que la Comisión adoptara una directiva en lugar de una recomendación para proporcionar un marco eficaz y coherente para la profesionalización de la contratación pública.

Mensa Cívica quiere mostrar su satisfacción ante los puntos mencionados en esta Comunicación, específicamente en lo referente a la necesidad de  lograr un alto grado de profesionalización dentro de los poderes adjudicadores, pues se requieren personas que impulsen el cambio en todas las etapas del proceso de contratación para conseguir los objetivos de las políticas públicas y obtener los mejores resultados posibles.

Para ello, según propone la recomendación, una política de profesionalización efectiva debe basarse en un enfoque estratégico general a lo largo de tres objetivos complementarios:

  1. Desarrollar la arquitectura política adecuada para la profesionalización. Esto significa definir una asignación clara de responsabilidades y tareas de las instituciones a nivel nacional, junto con el apoyo de las instituciones a nivel local, regional y sectorial; y garantizando la continuidad en los ciclos políticos. Asimismo, esto conllevaría que las autoridades publicas hicieran un balance de la evolución en otros Estados miembros y en el plano internacional, fortaleciendo así la cooperación entre las autoridades/entidades contratantes y sus servicios pertinentes.
  2. Mejorar la capacitación, habilidades, experiencia y la gestión profesional a nivel europeo de los profesionales de la contratación pública, teniendo en cuenta la naturaleza multidisciplinaria de los proyectos de contratación, tanto para funcionarios como para jueces y auditores, y las necesidades y marcos de competencia de cada Estado cuando estén disponibles. Esto podría ahcerse a través de esquemas de reconocimiento y / o certificación que identifiquen y recompensen adecuadamente las funciones de contratación y se promuevan buenas prácticas en materia de innovación, contratación pública ambiental y socialmente responsable o en la lucha contra la corrupción.
  3. Proporcionar las herramientas y metodologías adecuadas para respaldar la práctica profesional de las compras públicas, tales como directrices, manuales, plantillas y herramientas de cooperación que sean fáciles de usar, de fácil acceso y basados en la experiencia de los profesionales. Para cumplir este último fin, los Estados de la UE  deberían promover el intercambio de buenas prácticas y proporcionar apoyo a los profesionales para garantizar que se lleven a cabo los procedimientos de contratación, el trabajo cooperativo y la transmisión de conocimientos especializados por medio de portales únicos en línea y/o redes sociales profesionales, así como mediante la organización de seminarios y talleres para compartir nuevos desarrollos legales, prioridades políticas y buenas prácticas.

Reconocemos la relevancia de todos estos puntos para seguir avanzando en una contratación pública sostenible, eficiente e inclusiva. Por ello, desde Mensa Civica, queremos hacer un llamamiento al gobierno nacional y al resto de entidades encargadas de la contratación pública a nivel regional y local para que presten atención a esta Comunicación y se lleven a cabo las medidas oportunas para su desarrollo, incluyendo la capacitación de los auditores y funcionarios encargados de la revisión de los casos de contratación pública.

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